sábado, 11 de septiembre de 2010

Esto no puede acabar bien...

Medio millar de niños belgas fueron violados por curas

No fueron casos aislados. Tampoco era una campaña de desprestigio en Bélgica contra la Iglesia católica -que, además, estaba al corriente-. La comisión de investigación nombrada por los obispos belgas para aliviar el sufrimiento de las víctimas de abusos sexuales por parte de sacerdotes presentó ayer unas conclusiones que han sacudido al país. Un total de 507 casos de abusos han sido documentados a través de testimonios voluntarios y en primera persona que relatan extensamente "sexo anal, oral, vaginal y otras barbaridades" entre la década de 1960 y la de 1980, según el informe de la comisión (pdf), dirigida por el psiquiatra Peter Adriaenssens.

Para 13 de las víctimas, el sufrimiento desembocó en suicidio. Otros seis lo intentaron. La mayoría de "los supervivientes", como los llama Adriaenssens, carga aún con las consecuencias de unos crímenes que quedarán sin castigo, ya que los delitos han prescrito, además de que la mitad de los culpables ha muerto.

El perfil tipo de los abusados era el de un niño de entre 10 y 15 años, pero también aparecen un centenar de niñas -que solían sufrir los abusos más tarde- y víctimas de sólo dos años. A menudo, los abusos se producían en internados o en las residencias de los religiosos. Los chicos no se lo contaban a sus padres "por el enorme poder de los sacerdotes y la libertad de la que gozaban".

El detonante de las denuncias

Los casos recogidos por la comisión se multiplican en torno a dos meses, de abril a junio de este año. La mitad de las denuncias se recibieron en la semana de abril, cuando el obispo de Brujas, Roger Vangheluwe, fue depuesto tras reconocer que había abusado de su sobrino.

"No era una niña, tenía 17 años cuando los abusos comenzaron", recuerda una de las denunciantes. "Confié en él y no lo vi venir. Las caricias se convirtieron en un acto sexual el día 30 de junio", relata. "Me decía que era preferible aprender dulcemente con él. A veces me dejaba hacer, otras no. Entonces se enfadaba", asegura.

"Cuatro años en psicoterapia me han enseñado que todo lo que nos callamos nos mata. Tuve enormes depresiones y una tentativa de suicidio. Desde hace tres semanas me pregunto lo mismo: ‘Tengo derecho a quejarme...?'. No pido nada. Quiero simplemente que ustedes lo sepan", cuenta otro testimonio.

Para Adriaenssens estos casos son sólo un aperitivo. Los trabajos de su grupo de expertos se vieron interrumpidos cuando la Justicia belga requisó en junio todo su material, que incluye cientos de direcciones, nombres y apellidos. De hecho, los testimonios son muchas veces incompletos, se ciñen al norte del país, donde estalló la polémica del obispo de Brujas, y sólo relatan abusos producidos hace más de 20 años. "Todas las escuelas, sobre todo internados, conocieron los abusos en algún momento dado, todos los obispados tuvieron que lidiar con este problema", añade.

Los obispos, escandalizados

La publicación del informe ha escandalizado a los propios obispos, que en la mayoría de los casos se desvinculan de los hechos por su antigüedad, al tiempo que exigen transparencia y la actuación de la Justicia. Sin embargo, los testimonios de las víctimas confirman que, ante los abusos revelados, los obispos responsables miraron para otro lado.

"Consulté con X y me aconsejó hablar con el obispo. ‘Tengo un problema con uno de sus sacerdotes'. Respondió: ‘Deja de mirarlo y te dejará tranquila'. No tuve ni ocasión de explicar mi problema", relata una víctima en el informe, plagado de equis que ocultan el nombre de sacerdotes que nunca pagarán por sus pecados.

El jefe de la CEOE recibe su primera condena judicial

Primera sentencia judicial contra el presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, al que se le empiezan a acumular las causas. La juez Carmen Iglesias, titular del Juzgado de Primera Instancia número 43 de Madrid, ha condenado a Díaz Ferrán a abonar con su patrimonio personal la nómina impagada a un trabajador de Air Comet. El sindicato CGT, que ha promovido este proceso, lo anunció ayer por la noche.

En la sentencia, fechada el pasado día 8 y a la que ha tenido acceso Público, la magistrada condena al jefe de la CEOE a pagar 2.451 euros a José Antonio Sánchez Moro, miembro del comité de empresa de la aerolínea en representación de CGT. El empresario también deberá abonar los intereses generados, así como las costas del procedimiento.

Se trata de un precedente muy importante porque hay otras siete denuncias individuales de trabajadores de la aerolínea, ahora en suspensión de pagos, que reclaman el cobro de esta cantidad, nada cuantiosa y correspondiente a las nóminas de octubre y noviembre del año pasado, justo antes del cierre de la aerolínea en diciembre. Así lo cree CGT, que considera abierto el camino a otras sentencias condenatorias para el resto de las demandas y que ve posible que otros empleados se sumen ahora a esta reclamación.

La juez basa su fallo en el documento, presentado por el denunciante, que Díaz Ferrán firmó de su puño y letra el pasado 11 de diciembre. En este escrito, dirigido a "todos los empleados y a los comités de huelga de Air Comet", el entonces presidente de Air Comet prometía su "garantía personal" para que todos los pagarés "que han sido puestos a disposición y/o entregados" a los trabajadores de la aerolínea, con vencimiento el 21 de diciembre pasado, "serán atendidos y pagados a sus respectivos titulares". Eran pagarés de varias entidades, como consta en el escrito, reproducido más abajo.

Para la magistrada, "basta acudir a un criterio literal para determinar el significado de la locución ‘garantía personal' (...) que no es otro que el Sr. Díaz Ferrán afianza el cumplimiento por parte de Air Comet S. A. de la obligación que se identifica en el documento", es decir, de abonar las nóminas el 21 de diciembre.

"Un golpe moral"

Ahora, Díaz Ferrán tiene cinco días para recurrir esta sentencia. Si no lo hace, algo poco probable, contaría con 15 días para pagar los 2.451 euros a José Antonio Sánchez Moro. Para el denunciante, el fallo supone una "satisfacción total porque se puede extender al resto de casos, pero, sobre todo, por el golpe moral que significa poner en su sitio a una persona como Díaz Ferrán". Tras esta victoria judicial, el sindicato CGT ofrece que cualquier trabajador de Air Comet se adhiera al caso.

El jefe de la CEOE no acudió al juicio de este procedimiento el pasado día 6, una ausencia que fue cuestionada por la juez. Su abogado defendió que la garantía personal era un "compromiso ético", pero no económico.

Por otro lado, el nuevo dueño de Air Comet y Marsans, el liquidador de empresas, Ángel de Cabo, pretende que la nómina de junio de Marsans se pague con dinero público, a través del Fondo de Garantía Salarial.