La policia del amor

“El mercado no tiene por qué ser capitalista”

ENRIC DURÁN // ACTIVISTA CONTRA LA BANCA, TRABAJA POR UNA COOPERATIVA INTEGRAL

DIAGONAL CANTABRIA: ¿Por qué elegir el modelo de cooperativa?

ENRIC DURÁN: La idea es que la cooperativa en parte sea una herramienta jurídica que proteja a las iniciativas autogestionarias del control del Estado. Dentro de esa misión, la cooperativa tiene más posibilidades porque permite mayor participación –legalmente es una persona un voto, no un euro un voto como en el resto de formas jurídicas mercantiles–. El modelo concreto es cooperativa mixta de consumidores y servicios que permite también la forma de socios de trabajo, y queremos también que sea una cooperativa de iniciativa social que permite el formato de voluntariado. Con formas de participación tan ricas es más fácil escapar al control del Estado. Las leyes prevén que pueda tener un régimen interno y que éste tenga el valor de ley dentro de la cooperativa, de forma que permite ir mucho más allá de lo que figure en los estatutos. Otra ventaja es para los insolventes, y de hecho fue un hecho fundacional de la idea desde el colectivo Crisis que trabajaba el tema de las deudas, porque el capital social no se puede embargar por los bancos.

D.C.: ¿Qué significa ‘integral’?

E.D.: Por un lado, es integral porque cubre todas las partes de una economía: producción, consumo, comercialización, financiación y una moneda propia. Por otro, queremos cubrir todas las necesidades a nivel económico: alimentación, vivienda, educación, salud, energía, transporte, etc.

D.C.: ¿Cuál ha sido el proceso para crear cooperativa integral catalana?

E.D.: La idea de la cooperativa fue previa a la publicación de Podemos ! y por eso ocupó una página, aunque en aquellos momentos era sólo una idea. Los meses siguientes, hasta prácticamente septiembre de 2009 que fue también cuando salió Queremos!, se intentó desarrollar la propuesta a nivel local pero, al mismo tiempo, se desarrollaron proyectos de otras gentes con las que teníamos afinidad, las Ecoxarxas. Entonces el proyecto dio un vuelco y, en lugar de pensar en una cooperativa a nivel local, empezamos a pensar en una cooperativa integral a nivel catalán que permitiera coordinar esas redes locales y crear un proyecto común de mayor envergadura. A partir de ese momento, resultó especialmente significativo el seminario sobre monedas sociales que se hizo en diciembre para consensuar este modelo con esos grupos que se estaban poniendo en marcha. Desde enero hasta abril fue rápido, mediante reuniones para concretar el modelo y ponerlo en marcha.

D.C.: ¿Qué mecanismos de participación y coordinación hay?

E.D.: Cuando la gente rellena el formulario para hacerse socio puede decidir en qué modo participar: como consumidores, contribuyendo con tareas organizativas, produciendo… A nivel organizativo, se trata de funcionar a través de una asamblea mensual a nivel catalán, más una asamblea permanente que trata cosas urgentes y se tiene que reunir como mínimo dos veces al mes, y luego comisiones de trabajo transversales –gestión económica, consumo, difusión…– y grupos temáticos –alimentación, salud, transporte...– que completan la estructura. Esta estructura a nivel catalán, se reproduce en los grupos locales para que cada vez haya más autonomía y coordinación.

D.C.: Con el crecimiento ¿no podría peligrar la participación?

E.D.: Cuanta más gente haya, mayor participación local podrá haber. Nuestro reto será entonces llevar esa participación local a una coordinación a nivel catalán, que las decisiones se puedan hablar en las bases y nos podamos encontrar para decidir los aspectos de forma consensuada entre grupos locales. Quizá la participación virtual sea importante, para venir a las asambleas físicas con un trabajo previo hecho. Un proyecto catalán nos permite coordinarnos en niveles que nunca habíamos trabajado y la cooperativa nos da fuerza y un paraguas legal. Si queremos crear realmente una alternativa de sociedad, en algún momento tendremos que ser capaces de organizar a mucha gente en esa alternativa hecha desde abajo. Esto es un campo de experimentación.

D.C.: ¿Por qué una moneda?

E.D.: Tener una moneda propia es imprescindible aunque no suficiente para construir esa alternativa al capitalismo. Quizá en los movimientos sociales hemos tenido poco conocimiento de lo que puede significar esto y por eso a veces se crean dudas. Una moneda permite que el mercado lo dirija una asamblea, y no que el mercado domine nuestra vida. Un mercado puede ser algo muy distinto a lo que conocemos en el capitalismo. Una moneda creada de forma comunitaria, que no genera interés y permite pagar trabajo comunitario o intercambios, y que vaya ganando espacio al euro, es una herramienta clave de transición.

D.C.: ¿Qué la hace diferente a una moneda capitalista?

E.D.: Se trata de empezar con un saldo 0 y, a medida que vamos intercambiando, quien ofrece un servicio o un bien genera un saldo positivo y está creando moneda, y quien lo contrata genera un saldo negativo. Hemos acordado hasta que márgenes negativos aceptamos, el margen de confianza que nos damos, aunque este margen puede ir creciendo a medida que el usuario tiene más participación en el sistema. Se permite cambiar euros a moneda social en relación uno a uno, pero no al revés, de moneda social a euros. Así, facilitamos que quien quiera integrarse pueda utilizar de forma progresiva la moneda social y evitamos que pueda haber gente que convierta lo que gane en un valor especulativo, con euros. Trabajamos con un software creado en Ciudad del Cabo, pensado para intercambios entre redes distintas. Las seis monedas sociales catalanas permiten intercambiar entre redes con facilidad y transparencia. En el sistema informático se puede ver el saldo de cada persona y la moneda va vinculada a esa persona de modo que no se puede falsificar ni se pueden crear relaciones corruptas. Está pensado para que se pueda controlar eso. Aunque a veces se plantean dudas de cómo hacer frente a problemas de acumulación, aquí aplicamos, como en otros ámbitos, que no podemos solucionar problemas que aún no se han dado. Se trata de ir basando el proceso en la práctica y que la ésta nos guíe para no quedarnos sin actuar: la idea es pasar a la acción.

Souvenir de España...

Las pensiones, máxima prioridad del Gobierno

El Gobierno tiene prisa y la Unión Europea le insiste constantemente en que tiene que acometer ya la reforma de las pensiones. La vicepresidenta segunda del Ejecutivo, Elena Salgado, aseguró ayer que es una de las grandes prioridades económicas para este año y se mostró convencida de que antes de que acabe el ejercicio el Consejo de Ministros habrá aprobado un proyecto de ley y lo habrá remitido al Congreso para su tramitación.

La ministra no quiso concretar si se elevará de 15 a 20 años el periodo de cálculo de las pensiones, como ha defendido esta misma semana el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, pero tampoco contradijo a su compañero de Gabinete. Se limitó a asegurar que "sería bueno considerar la prolongación del periodo de cómputo" y recordó que el Gobierno ya lo recomendaba en la propuesta que aprobó en enero y que remitió a la Comisión del Pacto de Toledo del Congreso. En aquel documento, que todavía sigue en estudio en el Parlamento, se abogaba también por elevar de 65 a 67 años la edad legal de jubilación.

Pese a su convicción de que habrá un proyecto de ley este año, la ministra dejó claro que el Gobierno no tomará una decisión unilateral como ha hecho con la reforma laboral. En este caso, esperará a conocer las conclusiones del Pacto de Toledo para elaborar su normativa. "Es una reforma fundamental y espero un amplio consenso", aseveró la vicepresidenta, tras recordar que es una de las prioridades del Gobierno para el nuevo curso económico. Así se definió en la reunión de la Comisión Delegada para Asuntos Económicos, que ayer presidió el mismo jefe del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, a diferencia de lo que viene a ser habitual, ya que suele ser Salgado quien dirige la reunión.

Otra de las grandes prioridades del Ejecutivo para este otoño es aprobar los presupuestos para 2011 con un "consenso suficiente". La ministra recordó que serán un 7,7% inferiores a los del año pasado y apenas un poco superiores al del ejercicio 2006. Los ministerios tendrán de media entre un 15% y un 16% menos para gastar, aunque habrá partidas, como la de Investigación y Desarrollo, que no caerán apenas porque "hay que darle suficiente reconocimiento". El objetivo de los presupuestos, dijo Salgado, es conseguir el compromiso de déficit para este año y el próximo y confía en lograrlo.

Impuesto para rentas altas

No ayudará a reducirlo, ni tampoco a aumentar "significativamente" los ingresos del Estado el nuevo impuesto que se quiere implantar a los ricos. La ministra restó toda la importancia a este "pequeño ajuste", del que no quiso dar ningún nuevo detalle y del que habló, incluso, en condicional. "Si hay algún pequeño ajuste en impuestos, no tendrá un efecto significativo en el déficit ni en los presupuestos", aseveró.

La vicepresidenta económica se mostró totalmente convencida de que el PIB no volverá a situarse en negativo este año. "Si por ello se entiende que la economía está normalizada, podemos decir que lo está", dijo. A su juicio, el PIB puede registrar en el tercer trimestre un peor comportamiento que en el segundo (cuando creció un 0,2%), pero en el cuarto, una vez que se hayan ajustado los efectos de la subida del IVA de julio, "habrá una recuperación clara".

Salgado se mostró satisfecha de que la subida de impuestos da al Estado un mayor margen para el gasto público y destacó que gracias a eso, aunque todavía hay que ver si se consigue, se podrán salvar hasta 700 millones de euros del recorte que se había previsto para las inversiones en infraestructuras. Este capítulo es otra de las prioridades del Gobierno para este ejercicio, pero ayer no se estudió en la Comisión Delegada porque el ministro del ramo, José Blanco, estaba compareciendo en el Congreso. Se analizará en las reuniones posteriores, dijo Salgado, para quien salvar más de 700 millones es prácticamente imposible. "Mucho tendrían que cambiar las cosas", dijo.

Otro de los puntos clave para las próximas semanas es la política de energía, que el Gobierno quiere definir de forma clara en los próximos meses, especialmente en lo concerniente al mix energético, a las renovables y al déficit de tarifa. Salgado anunció que las eléctricas podrán titulizar el déficit de tarifa a partir de septiembre, lo que supondrá un gran desahogo de liquidez para estas empresas, puesto que les permite emitir deuda en el mercado con cargo a los fondos que les debe el Estado. Podrán captar hasta 10.000 millones de euros. Es una forma de adelantar el cobro de la deuda que tienen con ellas las administraciones públicas y que el Gobierno se comprometió a eliminar antes de 2013.

Otra de las iniciativas que el Ejecutivo quiere impulsar y cerrar antes de que acabe el año es la Ley de Economía Sostenible, que ya se está tramitando en el Congreso.

Una novedad será la remisión a las Cortes de un proyecto de ley del procedimiento laboral. Su objetivo, según la ministra, es que las cuestiones laborales se tramiten en la jurisdicción laboral, en lugar de en la contencioso administrativa como hasta ahora. Esta medida se tomará de forma paralela a la reforma laboral.

La empresa minera escatimó en seguridad

La alegría que sintió todo Chile al saber que los 33 mineros atrapados bajo 688 metros de tierra en el yacimiento San José estaban vivos ha dado paso a la exigencia de responsabilidades y la familia de uno de los mineros atrapados ya ha dicho que va a demandar a la empresa San Esteban, propietaria de las instalaciones, y a los inspectores gubernamentales por permitir los fallos de seguridad que hicieron posible el derrumbamiento.

Mientras continúa la operación para rescatar a los mineros, que puede durar meses, se ha ido dando a conocer el largo historial de accidentes y muertes en esa mina.

El ex encargado de Prevención de Riesgos de la empresa, Vincenot Tobar, ha dicho que se autodespidió en 2009 debido a que no lograba realizar su trabajo. Tobar afirmó a Radio Horizonte que el único interés de los dueños, Alejandro Bohn y Marcelo Kemeny, era la rentabilidad y que nunca se tomaron en serio los accidentes.

Una pierna mutilada

En 2007, se registraron 185 accidentes. Cuando un minero sufrió la mutilación de una pierna, se decretó el cierre del yacimiento hasta que no se tomaran medidas ante el peligro inminente de derrumbes, como hacer dos chimeneas (o vías de escape) con escaleras.

Tobar dice no comprender cómo la mina San José consiguió el permiso de reapertura del Servicio Nacional de Minería sin haber cumplido con la exigencia de crear esas vías de escape. Fue ahí cuando Tobar decidió dejar la compañía.

En mayo de 2008, Patricio Leiva, funcionario del Servicio Nacional de Minería, tuvo que reemplazar a su jefe, que estaba de baja por 20 días. Justo en ese lapso llegó a sus manos la solicitud de reapertura de la mina San José. El funcionario firmó la autorización y no leyó los antecedentes. Así lo ha explicado él mismo ante la comisión parlamentaria que investiga el derrumbe: "Hoy pienso que nunca debí haber firmado el documento (), se salía de toda norma", dijo.

Las operaciones de rescate prosiguen. Los mineros atrapados ya han ingerido su primer alimento sólido: una barra de cereal. Se les ha adjudicado tareas para que estén ocupados y ayuden en su rescate. Han formado tres grupos. Uno se encargará de la recepción de los envíos a través de la sonda: alimentos, baterías, muestras de orina, cartas... Un segundo grupo de mineros está a cargo de la higiene de los trabajadores y del lugar. Y el tercero hará labores de prevención y seguridad.

El jefe de los mineros atrapados, Luis Urzúa, volvió a hablar por teléfono con el presidente chileno, Sebastián Piñera. Le contó el momento del derrumbe: "Sentimos que la montaña comenzaba a bajar hacia nosotros. Hubo un estruendo, llegó la tierra, no veíamos nada. Estuvimos cada uno por su lado durante cuatro o cinco horas. Cuando la tierra se disipó, vimos que una enorme roca tapaba la entrada del túnel". Esa roca mide 100 por 20 metros y está inestable. De hecho, el principal riesgo que corren los mineros es que la roca ceda.