Las pensiones, máxima prioridad del Gobierno

El Gobierno tiene prisa y la Unión Europea le insiste constantemente en que tiene que acometer ya la reforma de las pensiones. La vicepresidenta segunda del Ejecutivo, Elena Salgado, aseguró ayer que es una de las grandes prioridades económicas para este año y se mostró convencida de que antes de que acabe el ejercicio el Consejo de Ministros habrá aprobado un proyecto de ley y lo habrá remitido al Congreso para su tramitación.

La ministra no quiso concretar si se elevará de 15 a 20 años el periodo de cálculo de las pensiones, como ha defendido esta misma semana el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, pero tampoco contradijo a su compañero de Gabinete. Se limitó a asegurar que "sería bueno considerar la prolongación del periodo de cómputo" y recordó que el Gobierno ya lo recomendaba en la propuesta que aprobó en enero y que remitió a la Comisión del Pacto de Toledo del Congreso. En aquel documento, que todavía sigue en estudio en el Parlamento, se abogaba también por elevar de 65 a 67 años la edad legal de jubilación.

Pese a su convicción de que habrá un proyecto de ley este año, la ministra dejó claro que el Gobierno no tomará una decisión unilateral como ha hecho con la reforma laboral. En este caso, esperará a conocer las conclusiones del Pacto de Toledo para elaborar su normativa. "Es una reforma fundamental y espero un amplio consenso", aseveró la vicepresidenta, tras recordar que es una de las prioridades del Gobierno para el nuevo curso económico. Así se definió en la reunión de la Comisión Delegada para Asuntos Económicos, que ayer presidió el mismo jefe del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, a diferencia de lo que viene a ser habitual, ya que suele ser Salgado quien dirige la reunión.

Otra de las grandes prioridades del Ejecutivo para este otoño es aprobar los presupuestos para 2011 con un "consenso suficiente". La ministra recordó que serán un 7,7% inferiores a los del año pasado y apenas un poco superiores al del ejercicio 2006. Los ministerios tendrán de media entre un 15% y un 16% menos para gastar, aunque habrá partidas, como la de Investigación y Desarrollo, que no caerán apenas porque "hay que darle suficiente reconocimiento". El objetivo de los presupuestos, dijo Salgado, es conseguir el compromiso de déficit para este año y el próximo y confía en lograrlo.

Impuesto para rentas altas

No ayudará a reducirlo, ni tampoco a aumentar "significativamente" los ingresos del Estado el nuevo impuesto que se quiere implantar a los ricos. La ministra restó toda la importancia a este "pequeño ajuste", del que no quiso dar ningún nuevo detalle y del que habló, incluso, en condicional. "Si hay algún pequeño ajuste en impuestos, no tendrá un efecto significativo en el déficit ni en los presupuestos", aseveró.

La vicepresidenta económica se mostró totalmente convencida de que el PIB no volverá a situarse en negativo este año. "Si por ello se entiende que la economía está normalizada, podemos decir que lo está", dijo. A su juicio, el PIB puede registrar en el tercer trimestre un peor comportamiento que en el segundo (cuando creció un 0,2%), pero en el cuarto, una vez que se hayan ajustado los efectos de la subida del IVA de julio, "habrá una recuperación clara".

Salgado se mostró satisfecha de que la subida de impuestos da al Estado un mayor margen para el gasto público y destacó que gracias a eso, aunque todavía hay que ver si se consigue, se podrán salvar hasta 700 millones de euros del recorte que se había previsto para las inversiones en infraestructuras. Este capítulo es otra de las prioridades del Gobierno para este ejercicio, pero ayer no se estudió en la Comisión Delegada porque el ministro del ramo, José Blanco, estaba compareciendo en el Congreso. Se analizará en las reuniones posteriores, dijo Salgado, para quien salvar más de 700 millones es prácticamente imposible. "Mucho tendrían que cambiar las cosas", dijo.

Otro de los puntos clave para las próximas semanas es la política de energía, que el Gobierno quiere definir de forma clara en los próximos meses, especialmente en lo concerniente al mix energético, a las renovables y al déficit de tarifa. Salgado anunció que las eléctricas podrán titulizar el déficit de tarifa a partir de septiembre, lo que supondrá un gran desahogo de liquidez para estas empresas, puesto que les permite emitir deuda en el mercado con cargo a los fondos que les debe el Estado. Podrán captar hasta 10.000 millones de euros. Es una forma de adelantar el cobro de la deuda que tienen con ellas las administraciones públicas y que el Gobierno se comprometió a eliminar antes de 2013.

Otra de las iniciativas que el Ejecutivo quiere impulsar y cerrar antes de que acabe el año es la Ley de Economía Sostenible, que ya se está tramitando en el Congreso.

Una novedad será la remisión a las Cortes de un proyecto de ley del procedimiento laboral. Su objetivo, según la ministra, es que las cuestiones laborales se tramiten en la jurisdicción laboral, en lugar de en la contencioso administrativa como hasta ahora. Esta medida se tomará de forma paralela a la reforma laboral.