CADA VEZ MÁS ATEOS...

Uno de cada cinco españoles es ateo o no creyente

La España atea y no creyente sigue ganando devotos a la católica. El número de ciudadanos que declara su desapego a la religión ha vuelto a aumentar en 2010, hasta alcanzar el 20,3% de la población. Hace tres años, representaba el 16,5%. Estos datos forman parte del Publiscopio anual sobre creencias, un estudio que se realiza desde 2007 con idénticas preguntas a un colectivo representativo de la población. Desde su primera edición, el descenso de la devoción religiosa en España ha sido constante.

A diferencia de los ateos y los no creyentes, la tasa de ciudadanos católicos sigue menguando. En los dos últimos años, la caída ha sido de tres puntos y medio, al pasar del 80,5% al 77%.

Por comunidades

El perfil religioso de los españoles también está relacionado con la comunidad autónoma en la que viven. El total de ateos y no creyentes en Catalunya y la Comunidad de Madrid es del 26,5% y 25,5%, respectivamente. En Andalucía baja hasta el 16,6%. Según los entrevistados, la confesionalidad católica en esta región es del 81,4%, frente al 69,8% de Catalunya y el 71,8% de Madrid.

Por edades, sólo hay un colectivo en el que más del 80% de las personas continúa reconociéndose católico, el correspondiente a la franja de edad de mayores de 60 años, donde el porcentaje asciende al 90,4%. En el otro extremo se encuentran los jóvenes. El índice, entre los mayores de edad que nacieron después de 1981 (tienen entre 18 y 29 años), se reduce hasta el 63,5%.

Resulta especialmente llamativo el desglose por edades, cuando se pregunta a los católicos la cuestión clave: ¿es usted practicante o no practicante? Sólo el 15,1% de los menores de 30 años que viven en el país se definen como "católicos practicantes". De este modo, el total de ateos y de no creyentes de este tramo de edad (el 26,2%) supera ya al de los católicos practicantes.

Entre los mayores de 60 años, el porcentaje de los que forman parte del colectivo más religioso y devoto aumenta hasta el 51,6%. En este caso, los ateos y no creyentes apenas representan el 8% de las personas mayores.

El matiz entre practicantes y no practicantes es importante, ya que entre los segundos, el 44% no cree en Dios [ver página 3] y abraza este término por tradición familiar o social. El primer colectivo representa al 28,1% de la población y el de los no practicantes, al 48,9%. Tanto el conjunto de católicos practicantes como el de no practicantes han mantenido una trayectoria descendente en los últimos años.

Por sexos, las diferencias son grandes. Las mujeres se siguen declarando mucho más católicas que los hombres. Entre el total de la población, las católicas practicantes representan el 34,6% del colectivo femenino, frente al 21,4% del masculino. Los ateos y los no creyentes tienen un perfil mucho más masculino. Los hombres casi doblan en número a las mujeres: 26,2% frente al 14,6%.

Por último, el estudio indica que un 2% de la población residente en España se declara creyente de otra religión. Este índice apenas ha variado desde la primera edición del Publiscopio de creencias.

Privilegios de otros tiempos

A pesar de la actual desvinculación de la sociedad española de la tradición y creencias católicas, la Iglesia mantiene vivos privilegios ganados en tiempos de Franco e influencia política.

En la parte económica, siguen vigentes los beneficios fiscales y las ayudas directas que le otorgó el Gobierno en los acuerdos Iglesia-Estado del año 1979. A lo largo de 2009, la Iglesia católica recibió 15.000 millones de euros del Estado, en virtud de distintos conceptos (educación, IRPF, patrimonio o acción caritativa y social). En 2010, el Ejecutivo ha otorgado nuevas concesiones a la orden, mediante la reducción de impuestos, además de aplazar la reforma de la Ley de Libertad Religiosa. El proyecto era un compromiso electoral del PSOE para esta legislatura.

El «Gordo», para la patronal, CC OO y UGT: 112 millones para cursos

Un día antes de que se celebrase el sorteo extraordinario de Navidad, el Consejo de Gobierno de la Junta repartió 112 millones de euros para cursos de formación orientados a desempleados y a trabajadores en activo. Los agraciados fueron los agentes sociales firmantes del Acuerdo de Concertación: la Confederación de Empresarios de Andalucía y los sindicatos UGT y CC OO.

Entre los tres se repartirán 112 millones por la realización de 6.098 acciones formativas que, según las estimaciones de la Consejería de Empleo, beneficiarán a 118.943 personas.

El acuerdo de la Junta llega después de que el pasado viernes el Gobierno central remitiera al Consejo de Estado el proyecto de Real Decreto que establece el régimen jurídico y los procedimientos para que las agencias de colocación privadas puedan colaborar con los servicios públicos en la intermediación entre las ofertas y las demandas de empleo, una de las últimas reformas anunciadas por el presidente José Luis Rodríguez Zapatero.

Esta propuesta es muy criticada por los sindicatos, que consideran que estas agencias privadas tienen afán de lucro y «negocian» con el empleo.

Según UGT-A y CC OO-A, la Consejería se ha comprometido a que en la anunciada «amplia» reforma del SAE, no habrá empresas privadas en la gestión del desempleo. El compromiso es que todos los cambios se negociarán en el marco del VII Acuerdo de Concertación Social.

De momento, el primer gesto se produjo en la reunión del Consejo de Gobierno. La CEA, CC OO y UGT dispondrán de 54,9 millones para desarrollar 1.094 cursos para personas desempleadas. Se espera que participen en ellos 16.659 alumnos. De esta cantidad, para la patronal hay asignados 21,9 millones; UGT y CC OO se distribuyen el resto, con 16,5 y 16,4 millones respectivamente.

Los cursos se centrarán en especialidades de administración y gestión, fabricación mecánica, informática y comunicaciones, servicios socioculturales, sanidad, hostelería y turismo. Los colectivos con especiales dificultades de inserción laboral – mujeres, jóvenes, parados de larga duración o minorías étnicas– tendrán prioridad.

Sobre la inserción laboral de estos cursos, el sindicato CC OO informó de que durante 2010 ha rozado el 29 por ciento, es decir, que más de dos tercios de los inscritos ha seguido en situación de desempleo.

También hay dinero para trabajadores en activo: 57,3 millones –22,6 para la CEA, 17,4 para UGT y 17,2 para CC OO–. En este caso, la preferencia es para empleados de pymes y están orientados a las energías renovables, calidad agroalimentaria y resolución de conflictos laborales.

Industria crea un concurso a medida de una firma solar de California a petición de EE UU

El Ministerio de Industria cerró ayer el plazo para concurrir a un concurso para construir una planta termosolar de I+D de 50 megavatios. El proyecto es enorme (cada planta cuesta unos 300 millones de euros), pero el plazo para presentarse ha sido de solo 20 días. A la convocatoria se ha presentado la empresa de California Solar Reserve, firma que ya intentó sin éxito entrar en la gran adjudicación de 2009 de Industria. Ese concurso cerraba en principio las puertas a nuevas plantas hasta 2013.

La resolución de Industria responde, según fuentes conocedoras del caso, a la petición que hizo la Embajada de EE UU en Madrid al ministro Miguel Sebastián en enero pasado para que buscara "una alternativa legal" que permitiera a Solar Reserve entrar en ese cupo, como figura en uno de los cables obtenidos por Wikileaks. Industria afirmó ayer que no comenta los cables de Wikileaks, que el concurso aún no está resuelto y que no puede revelar cuántas empresas se han presentado. El ministerio tiene 45 días de plazo legal para resolver el concurso.

El 25 de enero pasado, el embajador de EE UU en Madrid, Alan Solomont, se reunió con Sebastián y con el todavía secretario de Estado de Industria, Pedro Marín, que dejará el cargo en breve para optar a dirigir la Agencia Internacional de Energías Renovables (Irena).

Según cable de la embajada a Washington, "el embajador enfatizó la importancia que le daba a que el Gobierno de España considerase favorablemente dos proyectos solares". Se trata de las inversiones de Florida Power & Light (que recibió permiso para construir dos plantas termosolares en Extremadura) y de Solar Reserve, que se quedó fuera del gran concurso termosolar por presentarse fuera de plazo y con una potencia superior a la permitida.

Proyectos importantes

Solomont afirmó, según el cable, que "ambos proyectos eran importantes simbólicamente y por la inversión directa y los empleos que generarían". "El embajador señaló que compañías españolas fueron las que más fondos recibieron del plan de estímulo de renovables de EE UU", señala el cable.

Iberdrola y Abengoa han ganado concursos solares y eólicos en EE UU. El 3 de julio pasado, el propio Barack Obama anunció que había aprobado una garantía federal en crédito por valor de 1.450 millones de dólares (unos 1.154 millones de euros) para una planta termosolar que la sevillana Abengoa construiría en Arizona. Iberdrola asegura que ha recibido cerca de 1.000 millones de dólares (unos 720 millones de euros) del Tesoro de EE UU en incentivos del fondo de estímulo a las energías renovables. Industria entendió que las palabras del embajador suponían una amenaza para las inversiones de estas empresas en EE UU.

Sebastián explicó que, para pinchar "la burbuja termosolar", había creado un sistema de registro hasta 2013, y que lo ya aprobado "iba a ser muy caro para los consumidores durante muchos años". Marín añadió que Solar Reserve "había presentado su solicitud en diciembre [de 2009], meses después de la fecha límite", que fue el 6 de mayo. "Sería difícil para el Gobierno permitir que Solar Reserve 'se saltara la cola' por delante de otras compañías (Sebastián dijo que eran 'miles de megavatios') que habían solicitado una plata entre mayo y diciembre", afirma el cable.

En España, 15 centrales termosolares

En España hay 15 centrales termosolares operativas y 30 en construcción o preasignadas , y cada una cuesta unos 300 millones de euros. En total suman 2.300 megavatios (el equivalente a la potencia superior a dos reactores nucleares). En los primeros 11 meses del año recibieron 165 millones en primas -apenas están empezando a funcionar-, pero conforme se pongan en marcha recibirán miles de millones. El mundo vive un renacer termosolar y españa ocupa un lugar destacado en él.

Marín dijo que no se podía aplicar la ruta alternativa prevista para dar entrada a Solar Reserve porque ya se habían superado los "límites de capacidad", ya que el Gobierno había autorizado "muchas renovables" en un momento en que caía la demanda eléctrica.

El embajador insistió en que "la compañía estaría dispuesta a aceptar una tarifa significativamente menor a la que reciben otras empresas" y les pidió que "miraran si se podía hacer algo". Añadió que "su interés era en parte por el negocio y en parte por la importancia simbólica". Los republicanos en EE UU critican la apuesta de Obama por las renovables y comenzar a exportar tecnología verde sería una buena noticia para la Casa Blanca.

Marín le replicó que conocía los argumentos de Solar Reserve porque se habían reunido con ellos y, antes de dejar la cita Sebastián dijo que "lo intentaría" pero que "sería difícil". Ahí termina el cable y lo revelado por Wikileaks. Todo normal. Un embajador que defiende los intereses de sus empresas y el ministro que remite a las normas aprobadas y no se compromete a nada.

Pero el proceso siguió avanzando, según fuentes conocedoras de la negociación. El 23 de noviembre pasado, el Boletín Oficial del Estado publicó un real decreto genérico sobre renovables y en una disposición adicional admite "la posibilidad de establecer un régimen económico específico para instalaciones innovadoras de tecnología solar termoeléctrica". Industria también quiere un cupo extra innovador para eólica. Las centrales termosolares utilizan miles de espejos para concentrar la luz solar en un punto, calentar un aceite. Así se genera vapor de agua que mueve una turbina para generar electricidad.

Nuevas plantas

Las nuevas plantas prerregistradas en España utilizan una tecnología de espejos parabólicos -Abengoa sí tiene plantas de torre- mientras que Solar Reserve concentra los rayos en una gran torre central y tiene un sistema de almacenamiento, por lo que se puede considerar como innovadora. El sector admite que es un error dejar de lado las centrales de torre, ya que al ser una tecnología inmadura conviene no quedarse atrás en ningun frente.

El 26 de noviembre, tres días después de la publicación de ese decreto, el Boletín Oficial del Estado autorizó el cupo extra: una planta grande de 50 megavatios y hasta dos proyectos pequeños de 15 megavatios. El plazo para presentarse era de 20 días laborables, que concluyeron ayer.

El vicepresidente de Solar Reserve, Alistair Jessop, explicó por correo electrónico el sábado pasado -ayer este diario intentó, sin éxito, obtener su versión sobre el cable de Wikileaks- que ya se habían presentado al concurso de 50 megavatios y que el plazo de 20 días era suficiente.

La empresa ofrece una rebaja de la prima (como dijo el embajador y algo que supone el 40% de la valoración del proyecto). La firma tiene hasta aprobada la Declaración de Impacto Ambiental de la Junta de Castilla-La Mancha para construir la central en Alcázar de san Juan (Ciudad Real), algo puntuado con 50 de los 1.000 puntos que como máximo se pueden obtener. El concurso valora incluso disponer de una línea eléctrica de acceso antes de agosto de 2010, un trámite nada sencillo. Pero Solar Reserve cumple con todo.

Pensiones de oro para los parlamentarios

El hecho de haber ostentado la condición de parlamentario durante siete años garantiza el cobro de la pensión máxima: 2.497,91 euros, una paga brillante al lado de los 347,60 euros de la pensión más baja del sistema.

Los grupos mayoritarios del PP y PSOE han alcanzado un acuerdo, aprobado por unanimidad en las mesas del Congreso y el Senado: la creación de un fondo que permitirá a los parlamentarios obtener la pensión máxima del sistema de Seguridad Social cuando dejen el escaño, con el único requisito de haber sido miembros de las Cámaras durante al menos siete años (es decir, la duración habitual de dos legislaturas).

De esta forma se consigue que las Cortes garanticen que todos los diputados y senadores con siete años de mandato puedan cobrar la pensión

máxima: 2.497,91 euros mensuales en 2011. Esta pensión, que los ciudadanos comunes sólo obtienen cotizando 35 años y siempre que los últimos 15 lo hayan hecho por la base máxima, la obtendrán los parlamentarios que no hayan cumplido con este requisito, pues recibirán de las Cortes un suplemento extra que iguale su pensión a la máxima del sistema de la Seguridad Social.

Más ventajas. Si el diputado o diputada ha cumplido 55 años en el momento del cese, no tiene oficio ni beneficio y se queda en paro, las Cortes corren con su cotización a la Seguridad Social hasta completar el periodo necesario para tener derecho a la pensión de jubilación más elevada. Si no dispone de ingresos o patrimonio suficiente tiene además derecho a una ayuda económica hasta que se jubile equivalente al 60% de la asignación constitucional (3.126,52 euros mensuales), las Cortes les costean también un plan privado de pensiones mientras mantengan su escaño, en el que ingresan mensualmente el 10% de sus emolumentos. El objetivo, dice el reglamento, “es situar a los parlamentarios españoles en un nivel equiparable a la media de los países en nuestro entorno”. no parece preocuparles que las pensiones que perciben la mayoría de los jubilados estén muy por debajo de la media de los países de nuestro entorno.

Un rumano intenta suicidarse en el parlamento en protesta por los recortes de su gobierno

Mientras se realizaba un debate en el parlamento rumano, uno de los asistentes a la tribuna de invitados se encaramó a la barandilla y al grito de "le habéis quitado el pan a mis hijos" se arrojó desde una altura de unos cuatro metros. El hombre, de 41 años de edad, ha sido trasladado a un hospital donde se recupera de los múltiples traumatismos sufridos, mientras su vida no corre peligro.