miércoles, 29 de diciembre de 2010
El Gobierno aprueba la mayor subida del recibo de la luz en 28 años
Si se tiene en cuenta que la electricidad tiene una ponderación del 2,69% en el IPC, se puede calcular que la subida del 9,8% para la mayoría de los usuarios tendrá un impacto directo en torno a 2,5 décimas en la inflació n.
La subida no afectará a dos millones de clientes con potencias contratadas inferiores a tres kilovatios. Y tampoco a aquellas familias que soliciten el llamado bono social porque sus miembros estén todos en paro, sean familias numerosas o perceptores de pensiones mínimas. Según Industria, el bono social beneficia ya a tres millones de hogares.
La fuerte subida de la luz obedece sobre todo a la necesidad de controlar a toda costa el desfase entre ingresos y costes del sistema eléctrico, que se arrastra desde 2000 y que cerrará el año en 20.000 millones de euros, el equivalente a dos puntos del producto interior bruto (PIB).
Incluso con la importante subida aprobada ayer, que para un usuario medio supondrá unos 4,25 euros más al mes (3,2 euros, según el Gobierno), Industria se ha visto en la obligación de elaborar un real decreto para ampliar el margen anual admitido de déficit hasta 2013. Se mantiene, eso sí, la obligación legal de acabar con el desfase que lastra los balances de las eléctricas en el año 2013. Además de reformar la ley para no incumplirla, Industria ha tenido que recortar los costes reconocidos en el sistema eléctrico y reducir las primas a las empresas solares fotovoltaicas en 2.220 millones. Todo para ahorrar un total de 4.600 millones en tres años.
Que la situación es grave no lo niega nadie que esté al tanto del funcionamiento del sistema. Si la gran deuda embalsada en forma de déficit no se controla, los balances de las eléctricas pueden convertirse en papel mojado y sus calificaciones crediticias pueden desplomarse. De hecho, las agencias ya han avisado a grandes empresas como Iberdrola y Endesa. No controlar el déficit cuestionaría además la voluntad del Gobierno de actuar contra todo aquello que cuestiona la ortodoxia presupuestaria. Pero con la subida del 9,8% de la luz, el Ejecutivo solo intenta controlar, no solucionar. Porque enjugar el déficit vía tarifas requeriría subidas importantes a lo largo del año, algo impopular y con costes políticos evidentes. Por esa razón, y en contra de las demandas de algunas empresas, la Secretaría de Estado de Energía que dirige el saliente Pedro Marín decidió congelar la parte de las tarifas sobre la que puede actuar y aplicar únicamente el resultado de la subasta de energía que fija los precios de comercialización para el primer trimestre.
El resultado de la subasta celebrada el 14 de diciembre, tras los ajustes previstos en la normativa, elevó la subida de la parte del recibo liberalizada (la que recoge los precios de la energía) por encima del 20%. Como Industria congeló su parte -la otra mitad del recibo-, el impacto en el bolsillo del usuario se reduce al 9,8%.
Pero la cantidad escuece. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) denunció que el Gobierno se somete a las reivindicaciones del lobby eléctrico y calificó la subida de "inaceptable, brutal y aberrante" . También la UCE cargó contra la decisión, que calificó de "brutal" y "pactada" con las eléctricas. La OCU anunció incluso que recogerá firmas para exigir al Gobierno la congelación de la tarifa eléctrica y la permanencia de la Tarifa de Último Recurso (TUR). De igual forma, el portavoz de Facua, Rubén Sánchez, afirmó que "no hay justificación" para una subida de la luz, más aún cuando ya se han producido "incrementos más que excesivos" a lo largo de los últimos años que han llevado al consumidor a rondar "cerca de los 200 euros" de subida en su facturación anual con respecto a lo que se pagaba en 2007.
Frente a las organizaciones de consumidores, la asociación patronal eléctrica Unesa explicó que las subidas "son necesarias" para acabar con el problema del déficit de tarifa eléctrica en el año 2013.
El poder: la mejor manera de robar un banco en África
A comienzos de mayo de 2009, una juez de París había admitido a trámite la denuncia presentada contra Bongo por Transparencia Internacional, ONG especializada en la lucha contra la corrupción. Tal vez por esa razón prefirió ser atendido de su enfermedad terminal en una clínica española en lugar de ser hospitalizado en la antigua metrópoli colonial.
Cuatro días después del fallecimiento de Bongo, un confidente desvelaba ante un diplomático de Estados Unidos en la embajada en Camerún el desfalco de unos 36 millones de dólares (cerca de 28 millones de euros) del Banco de Estados de África Central (BEAC), que acabaron en manos de altos cargos pertenecientes al círculo de poder del presidente de Gabón y su familia.
La mejor forma de robar
El despacho confidencial remitido por la embajadora Janet Garvey a la Secretaría de Estado en Washington describe con detalle cuál es "la mejor manera de robar un banco" africano controlado por un clan gabonés. En las arcas del BEAC depositan conjuntamente sus reservas los Estados miembros de la Comunidad Económica y Monetaria de África Central: Gabón (que designa al gobernador de la entidad), Camerún (sede del banco), República de Congo, República Centroafricana, Chad y Guinea Ecuatorial.
Un alto funcionario del BEAC es precisamente quien revela al consejero político de la Embajada en Yaundé el latrocinio sistemático de las reservas. El gobernador del banco, el gabonés Philip Andzembe, había colocado en secreto 500 millones de euros en una inversión de alto riesgo del banco francés Société Générale. Una auditoría posterior destapó agujeros contables producidos por el desvío de fondos. El clan en el poder en Gabón, "incluido el fallecido presidente Omar Bongo y su hijo Alí, ministro de Defensa y candidato presidencial, se benefició de la malversación de fondos", según la versión del confidente, puntualiza la embajadora Garvey.
"La revisión de las cuentas sacó a la luz una amplia trama de desfalcos vinculada a la jerarquía política de Gabón", agrega el cable diplomático. El presidente Bongo controlaba no solo al gobernador del BEAC, sino también a los responsables de contabilidad en Yaundé y París, y al de las transferencias internacionales. "La investigación interna reveló que 36 millones de dólares fueron desviados mediante cheques a nombre de altos cargos o políticos de Gabón", precisa el confidente.
Obiang pidió "paciencia"
En la reunión de los jefes de Estado de los países del BEAC celebrada en enero de 2009, se llegó a pedir la cabeza del gobernador del banco, pero el presidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang, pidió "paciencia". Obiang considera que su influencia en el BEAC no está a la altura del peso de los depósitos ecuatoguineanos. "Su objetivo es instituir una presidencia rotatoria [de la entidad] en cuando se confirme la malversación (...) para acabar con el monopolio de Gabón en la dirección del banco", asegura el confidente.
La misma fuente protegida destaca ante los diplomáticos de EE UU en Camerún que "los dirigentes gaboneses usaron los fondos desviados para su enriquecimiento personal y, según las instrucciones de Bongo, entregaron parte del dinero a partidos políticos franceses, incluido el del presidente Nicolas Sarkozy. Bongo es el presidente africano favorito de Francia". "Esta embajada no está en condiciones de comprobar la veracidad de la acusación de que políticos franceses se beneficiaron de la malversación de fondos", se limita a escribir la embajadora en su comentario final.
En agosto de 2009, Alí Bongo fue elegido presidente de Gabón en medio de las denuncias de fraude de la oposición, y el Tribunal de Apelaciones de París desestimó en octubre la denuncia de Transparencia Internacional contra su padre.
Localizadas en Andalucía 614 fosas con 47.399 asesinados en la Guerra
Cientos de días de documentación e investigación de los horrores de la Guerra Civil a partir, en el 90% de los casos, de testimonios de supervivientes, familiares o investigadores locales han dado resultado: la localización de 614 fosas en 359 pueblos donde fueron asesinados y enterrados 47.399 andaluces.
La mayoría de paredones (350) se encuentran en Sevilla, Huelva y Cádiz, donde primero ganó el golpe militar fascista. Pero también hay del otro bando. Casi todas las fosas (80%) son de 1936, cuando la ley imperante era el "bando de guerra" y la ejecución se sucedía al denominado "paseo", que consistía en sacar a los vecinos de sus casas o escondites, llevarlos al cementerio (el 71% de los enterramientos han sido localizados en los camposantos o sus alrededores) y fusilarlos.
Estos son algunos de los datos del Mapa de fosas de las víctimas de la Guerra Civil y la posguerra en Andalucía, el trabajo finalizado por las asociaciones memorialistas y las universidades andaluzas a través del Comisariado para la Memoria Histórica de Andalucía. En este trabajo se detallan una a una las fosas localizadas, el contexto histórico en el que se crearon, imágenes y actuaciones realizadas.
El objetivo del trabajo es claro, evitar que el miedo, la represión o la autocensura dejen ocultos episodios clave para conocer un conflicto que, según el estudio que acompaña el mapa, "se convirtió en un deliberado y metódico exterminio del enemigo político (...) que se sirvió de la guerra como contexto y pretexto (...) y dejó un legado de miles de víctimas". En Andalucía, los represaliados por el franquismo suman 130.199.
El resultado ha sido un necesario mapa del horror en el que se detallan asesinatos, violaciones, escarnios, saqueos, esclavitud, exilio y muchas otras formas de represión. "La más cruel", explica el informe, "y la más directamente orientada a borrar la memoria del enemigo fue la del asesinato sin causa judicial y el enterramiento en fosas comunes".
Una de las conclusiones de este ejercicio de memoria es que la guerra dibujó su propio mapa y calendario de muerte. De esta forma, la instauración de los consejos de guerra y del Tribunal de Responsabilidades Políticas, a partir de 1937, supuso que el número de fosas se redujese de 565 a 49. La distribución geográfica también tiene las huellas de la evolución del enfrentamiento. Por eso las provincias occidentales concentran más enterramientos que las que quedaron al Este de la línea entre Peñarroya (Córdoba) y Motril (Granada), donde se estabilizó el frente de guerra.
La mayoría de estas ejecuciones, consideradas penalmente como "desapariciones forzosas", tuvieron lugar en lugares públicos, como los cementerios. Pero un 30% ocurrió junto a carreteras, caminos y vaguadas. Sobre 17 de ellas se edificó posteriormente.
El mapa es significativo porque el 40% de estas fosas han permanecido ignoradas hasta ahora.
Contestación a los sindicatos UGT y CCOO.
UN BOMBERO
He sentido asco y nauseas cuando he leído la nota que UGT y CCOO referente a la de formar una mesa sectorial para tratar el tema de bomberos y a la cual en dicho escrito se niegan. Perdón por empezar así pero no he podido dar comienzo de otra manera. ¿Saben ustedes las escusas que han puesto los dos sindicatos, que se dicen defensores de los derechos de los trabajadores? Pues si no han tenido la oportunidad de informarse se les voy a copiar a continuación:
Que no estamos de acuerdo en crear una mesa sectorial, puesto que cualquier problema que pueda surgir de los distintos colectivos de trabajadores, motivaría más mesas sectoriales, y por lo tanto vaciaría de contenido la Mesa General, que es la encargada del estudio de cualquier problema de los distintos colectivos de este Ayuntamiento. Por lo tanto, no creemos oportuna su creación.
Que en todo caso, para que quede bastante claro, que cuando haya que tocar un tema monográfico de Bomberos o de cualquier otro colectivo, se reunirá la Mesa General y que cada Sindicato puede llevar a dicha Mesa en orden a su representatividad, la persona que cree oportuna.
Que se proceda, en la medida de lo posible, trasladar todos estos problemas y otros que existan en el Ayuntamiento a la Mesa General de Negociación, en el plazo más breve posible, con el fin de solucionar todas las cuestiones relacionadas con los colectivos que estén afectados."
Desde luego no sé como tienen la poca decencia de llamarse sindicicatos. Aunque, pensándolo mejor, no es el sindicato en sí, sino las personas que los lideran.
Siempre he creído que a un trabajador cuando le surja un problema, su sindicato respondería por él, máxime cuando es un colectivo el que está pidiendo ayuda. Excusa pobre la que ponen para no reunirse, aunque esclarecedora para mí y de ella podemos ver la implicación que hacen en ella los integrantes de dichos sindicatos.
Ellos mismos en el segundo punto se contradicen. ¡Cómo se va a reunir una mesa general (que según el diccionario de la real academia su significado es: se dice de las cosas que son comunes a todas o a la mayoría o cosas de las que se habla) para tratar un tema monográfico, en este caso de bomberos, es decir de un sector! Los bomberos, por las características de su trabajo inherentes a su condición de estar integrados en los servicios de emergencias, no tienen las mismas problemáticas, por las condiciones en las que trabajan, que los restantes trabajadores municipales ya que son funcionarios de servicios especiales, de ahí que no se entienda el porqué no se puede reunir la mesa SECTORIAL, si al hacerlo es sólo para arreglar los problemas que tienen este colectivo y no el resto de trabajadores del Ayuntamiento en general.
Un sindicato es una asociación de trabajadores que se unen para defender sus derechos. Los derechos que tienen todos y cada uno de los trabajadores que lo integran. Al frente del mismo ponen a unas personas que tienen que velar por los mismos en todo momento y no cuando a ellos les interesen. Si desde el órgano de gobierno se les da la oportunidad de arreglarlos, no comprendo que sean ellos los que pongan las trabas, a no ser claro está, que algo oscuro haya de por medio.