Investigadores en defensa del bienestar social

“Las medidas que se están adoptando no permitirán resolver la crisis porque sólo se encaminan a facilitar que los de por sí más privilegiados, obtengan más cómodamente sus beneficios”, así de contundentes se muestran los más de 1.500 profesores universitarios de todo el Estado que han suscrito el manifiesto Universitarios contra la Crisis en el que reivindican una toma de conciencia de la sociedad y más debate de ideas.

En lugar de una deliberación, lamentan, predomina la imposición “porque los poderes financieros y económicos se imponen continuamente a las instituciones representativas”, lo que supone una amenaza real para el poder soberano depositado en las instituciones democráticas. Se quiere hacer creer a la ciudadanía que las medidas adoptadas, las consignadas por las grandes corporaciones y las burocracias europeas, son las únicas posibles. “Hay otras salidas a la crisis mucho más eficaces y favorables para el bienestar”, sostienen.

“Somos conscientes de la dificultad de tomar hoy día medidas diferentes a las que proponen la patronal y los grandes financieros. Pero la experiencia también nos enseña que cuando la ciudadanía se empodera y conoce bien lo que pasa a su alrededor es capaz de influir y de torcer las decisiones que le obligan a ir por los caminos que no desea transitar”, explican.

Los firmantes defienden una reforma profunda del sistema financiero responsable de la crisis y el modelo público de banca como motor de inversión que permita generar empleo. También arremeten contra una reforma laboral elaborada “con el propósito principal de debilitar el poder de negociación de los trabajadores”.

“Tratar de salir de la crisis reduciendo los salarios y las rentas de la mayoría de la población es como querer salir del hoyo tirándose de los pelos”, aseguran. En paralelo se han aprobado otros textos como el Manifiesto por la Conservación de la Biodiversidad que denuncia la “insostenibilidad del modelo productivo, económico y territorial actual”, o la declaración de expertos suscrita por varias universidades de todo el mundo, que señala la amenaza para el interés público del Acuerdo Contra la Falsificación Comercial (ACTA) que negocian las principales potencias para endurecer la legislación antipiratería de forma similar a como se intentó hacer aquí con la Ley de Desarrollo Sostenible.