La militancia social puede costar la vida en Guatemala

Al igual que sus compañeros del comité ejecutivo del Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud de Guatemala (SNTSG), Luis Lara está amenazado de muerte. Cuando comenzó a trabajar en el movimiento popular, a finales de los años ochenta, el primer regalo que le hicieron sus adversarios fue asesinar a su hijo de 12 años. Posteriormente secuestraron, torturaron e intentaron matar a una hija de 19 años que hoy vive en el extranjero. "Aquí siempre ha habido grupos paramilitares, sicarios", constata Lara, secretario general del sindicato.

La Unidad de Protección a Defensores y Defensoras de Derechos Humanos (Udefegua) registró 353 agresiones a este colectivo en 2009, lo que lo convierte ese año en el más violento de esa década para los activistas: hubo 16 defensores de derechos humanos asesinados. La impunidad que existe en el país un índice de entre el 95% y el 99%, según la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) lleva a que casi ningún caso sea resuelto.

"Hay grupos clandestinos responsables de las masacres y el subdesarrollo de nuestro país. Y están siempre, esté el gobierno que esté", afirma Lara. "Existe un señor que gobierna pero nunca da la cara, nunca se somete a elecciones y se mantiene de manera permanente en el poder. Se llama Gobierno Paralelo", abunda el dirigente sindical. El Gobierno Paralelo está integrado "por algunos grandes empresarios y finqueros, algunos generales, algunos políticos de alto nivel y otros que incluso están en el propio Ejecutivo. Tienen relaciones con el narcotráfico, con la policía, con el Ministerio Público, con jueces, con diputados... están en todo", explica.

"La oligarquía guatemalteca, en alianza con otros sectores, es de las más voraces que hay en América Latina", afirma Simona Yagenova, coordinadora del área de movimientos sociales de Flacso. Y Erenia Vanegas, de Udefegua, confirma que muchos finqueros [terratenientes] o empresarios hacen uso de sicarios.

La existencia de estructuras paralelas quedó en evidencia el pasado junio, cuando el jurista español Carlos Castresana, al frente de la Cicig, dimitió de su cargo en protesta por el nombramiento como fiscal general de Conrado Reyes, a quien Castresana vinculó con abogados y estructuras paralelas del crimen organizado. Reyes fue finalmente cesado por la Corte Constitucional.

Uno de los sectores donde más fuerza están cobrando los movimientos sociales es en su oposición a las actividades mineras en Guatemala.

Las organizaciones populares denuncian que lo único que la minería deja en el país es deterioro ambiental, problemas de salud y divisiones comunitarias. A cambio, su aportación al desarrollo del país es muy baja: las empresas del sector pagan al erario público sólo un 1% de regalías, muy por debajo del promedio mundial en este concepto. La baja carga fiscal dificulta que el Gobierno pueda dar respuesta a las inmensas necesidades de Guatemala, donde más de la mitad de la población es pobre.

Metales pesados en la sangre

En Guatemala hay vigentes 409 licencias: 136 de exploración y 273 de explotación. Hay actividad minera en 20 de los 22 departamentos del país. En varios departamentos se han hecho consultas comunitarias sobre las operaciones y el "no a la minería" ha sido, con pocas excepciones, la respuesta. Pero el Gobierno ha hecho oídos sordos a la voluntad popular.

Las organizaciones más radicales reclaman el cese inmediato de toda actividad minera hasta que se realicen los estudios ambientales y de salud convenientes.

Dos organismos internacionales han reforzado recientemente a los movimientos sociales que combaten la minería. El pasado mayo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordenó a Guatemala que suspenda las actividades de la mina Marlin la más grande del país, que extrae oro y plata y que tome medidas para descontaminar las fuentes de agua de las 18 comunidades afectadas por las actividades de la mina.

El tribunal tomó estas medidas cautelares, mientras adopta una decisión final, con el objetivo de garantizar "la vida e integridad de los habitantes de estos municipios".

Investigadores de la Universidad de Michigan detectaron niveles más elevados de metales pesados en la sangre y orina de personas próximas a la mina que en la de personas que viven lejos, aunque los metales no alcanzaban niveles tóxicos. El Gobierno niega que la mina afecte a la salud humana pero ha acatado la medida cautelar de la CIDH. La Procuraduría General de la Nación ordenó a principios de agosto iniciar "la suspensión temporal de la actividad" de Marlin .

Además, la Organización Internacional del Trabajo instó recientemente a Guatemala a suspender las operaciones mineras de la compañía nacional Cementos Progreso y la de Marlin. Alegan que no se ha realizado la consulta previa a las comunidades indígenas afectadas, como exige un convenio de la OIT.

En países como Bolivia se han dado procesos de renegociación sobre las industrias extractivas. Pero las organizaciones guatemaltecas ven improbable un proceso similar. "La renegociación es complicada porque el sistema político de Guatemala está manejado. Es cooptado, por no decir comprado, por esos poderes económicos que quieren dejar el statu quo de república bananera, con un Estado lo más débil posible, para pagar los menos impuestos posibles", opina Roberto Cáceres, de la Asociación de ONG de los Recursos Naturales y el Medio Ambiente.

Mientras, los activistas siguen sufriendo la violencia. La esperanza de las organizaciones sociales radica en la Cicig. "Entregamos [a Castresana] una lista de los asesinatos", explica Luis Lara. "Si se aclarara siquiera el asesinato de un dirigente popular, se vería que se están investigando estos hechos. Eso nos ayudaría mucho", concluye.