El Gobierno tendrá manos libres sobre las pensiones

La ambigüedad reinó ayer en los acuerdos, las declaraciones y las recomendaciones que elaboraron, o no, los partidos políticos en el seno de la Comisión del Pacto de Toledo. Los grupos mayoritarios presentes en el Pacto (PSOE, PP y CiU) abogaron por trasladar al Gobierno una etérea recomendación en la que se muestran partidarios de buscar mecanismos para prolongar la vida laboral de los trabajadores, pero sin nombrar en ningún momento el espinoso asunto del desplazamiento de la edad legal de jubilación.

El Ejecutivo fue el que propuso el pasado enero el Pacto de Toledo que debatiera la posibilidad de subir la edad legal de jubilación de los 65 a los 67 años. Después de casi un año en el que esta comisión parlamentaria ha escuchado a decenas de expertos y ha discutido durante meses diversos temas, una amplia mayoría de sus miembros ha llegado a la conclusión de que no quieren decantarse ni a favor, ni en contra de la medida, y pasan la patata caliente al Gobierno para que, mediante la interlocución social o la redacción del proyecto de ley que verá la luz el próximo 28 de enero, decida si se debe introducir o no esta iniciativa.

La portavoz socialista, Isabel López i Chamosa, reconoció que el PSOE no había "ni defendido, ni retirado" durante las discusiones de ayer la idea de subir la edad legal de jubilación y aceptó que los socialistas podrían "retirar en el último momento" la iniciativa "en aras del consenso", aunque por el momento "seguía sobre la mesa".

El texto que parecen dispuestos a aprobar PSOE, PP, CiU y, probablemente, PNV (cuyo portavoz no pudo asistir ayer al debate de este punto) se centra en impulsar el aumento de la edad real de jubilación (actualmente en los 63,5 años) y en prolongar la vida laboral, pero no entra ni sale en la cuestión de la edad legal. "Nos negamos a admitir que la edad legal no se pueda tocar", reconoció Chamosa. Por eso, aunque PP y CiU dijeron que estarían en contra de que el Ejecutivo propusiera una ley que modificara al alza la edad legal, el texto que saldrá del Congreso en los próximos días deja manos libres al Gobierno para proponer esa posibilidad sin contradecir la recomendación del Pacto de Toledo.

La inconcreción del texto es tal que, según la portavoz socialista, no pone en ningún momento una sola cifra (ni siquiera la de los 65 años como edad legal actual para jubilarse).

Este es el motivo por el que los grupos minoritarios de izquierda (Izquierda Unida, Esquerra Republicana de Catalunya y el Bloque Nacionalista Galego), se levantaron de la mesa y se negaron a formar parte de esa discusión. "No les vamos a dar una coartada para que suban la edad de jubilación a los 67 años diciendo que cuentan con el aval del Pacto de Toledo", sentenció el diputado de IU Gaspar Llamazares.

En el mismo sentido, Joan Tardá, de ERC, aseguró que el texto que se está barajando es un "cheque en blanco", para que el Ejecutivo tome la decisión de desplazar la edad legal. "Nos quieren llevar al huerto", protestó Tardá, que aseguró que esta decisión se encontrará de frente con la movilización ciudadana en la calle.

Estos mismos grupos se desvincularon del otro gran tema que se debatió ayer durante las más de seis horas de reunión que mantuvieron los diputados: el número de años que se deben utilizar como base para calcular la prestación de la pensión. Como ya se había indicado en rondas anteriores del Pacto, los partidos políticos volvieron a mostrar su inclinación por aumentar el número de años que se toman en cuenta, de forma que se refleje mejor la contribución que los cotizantes han hecho al sistema.

Tampoco esta recomendación que hará el Pacto de Toledo incluirá un número de años concreto. Originalmente, el Ejecutivo planteó 25 años, pero la posibilidad de subirlo hasta los 20 años ha sonado en los últimos meses con más fuerza. Bien es cierto que en sus dos comparecencias en sede parlamentaria, el nuevo ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, citó expresamente la necesidad de plantearse la conveniencia de tomar toda la vida laboral para calcular la cuantía de la pensión.

Precisamente, y para evitar esta última posibilidad, IU, BNG y ERC han decidido hacer un voto particular en contra de la ampliación del número de años para el cómputo, porque temen de nuevo que la laxitud de la redacción permita decisiones radicales. Ampliar los años de cálculo supone, para la mayoría, una rebaja de la pensión porque los sueldos más altos se suelen lograr al final de la vida laboral; al incluir más años de cómputo se incorporan salarios inferiores que rebajan la media.

Frente a esta actitud de rechazo resaltó el optimismo con que el diputado de CiU Carles Campuzano se tomó la marcha de las negociaciones durante la tarde, de la que aseguró estar "satisfecho". Campuzano señaló que los diputados habían introducido la posibilidad de que los trabajadores afectados por el desempleo durante estos años de crisis y al borde de la jubilación pudieran acogerse, voluntariamente, a la medida de tomar más años para el periodo de cómputo, de forma que no les perjudicasen las bajas cotizaciones de los años de paro.

Continúan las negociaciones

Con todo, los miembros del Pacto de Toledo se volverán a reunir hoy para dar el vistazo final a la redacción de estas recomendaciones, ya que se tienen que pasar a limpio por parte del letrado de las Cortes. Además, hoy discutirán la reforma de la pensión de viudedad, en la que todos coincidieron en que habrá menos debate puesto que las posiciones de los partidos están más cercanas.